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Despues de 2 años en prision preventiva sin ser juzgado, debes salir de la carcel.

 

  1. Puede extenderse la prisión preventiva por un plazo mayor a dos años por motivación distinta a ejercer el derecho de defensa?

Para ello es inconcuso acudir a lo que establece el numeral 20 constitucional en su apartado “B”, fracción IX , segundo párrafo, mismo que dice a la letra “La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso sera superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este termino no se ha pronunciado sentencia, el imputado sera puesto en libertad de inmediato mientras se sigue en el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares”.

Es bajo las interpretaciones del Poder Judicial Federal y una interpretación extensiva pro persona y de los derechos del procedimiento penal en donde invariablemente se llega a la conclusión de que solamente por ejercicio de defensa se puede prolongar la prisión.

Es bajo las interpretaciones del Poder Judicial Federal y una interpretación extensiva pro persona y de los derechos del procedimiento penal en donde invariablemente se llega a la conclusión de que solamente por ejercicio de defensa se puede prolongar la prisión.

Esto obedece a una lógica que tratare de explicarlo de manera coloquial, si tu eres inocente y te encuentras en prisión, ya estas sufriendo el peor castigo por encontrarte dentro de un proceso penal, por eso mismo es que lo mínimo que pueden hacer las personas que se encargan de hacer justicia es que tu juicio se lleve a cabo lo mas pronto posible, pero tambien se te otorga el derecho para obtener mas tiempo si eso puede beneficiar a que obtengas una sentencia favorable.

Lo explico de esta manera por que los blogs los escribo para la gente que no se dedica a esto, no esta dirigido a abogados para fortalecer sus conocimientos, sino para personas ajenas al derecho que necesitan una explicación sencilla a su problema, que pueda ser interpretado con el simple hecho de saber español

 

PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, CUANDO SU DURACIÓN HA EXCEDIDO EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE ELLO DERIVE DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO DE OTRA CIRCUNSTANCIA, COMO LA SOLUCIÓN DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO EN LA CAUSA.

Si bien es cierto que una de las prerrogativas que salvaguarda el derecho de defensa, consiste en el hecho de ser oído con las debidas garantías por un Juez o tribunal “competente”, independiente e imparcial, también lo es que si dentro de la etapa de investigación del sistema penal acusatorio (en su fase formalizada) o bien, intermedia, la autoridad responsable ha determinado inhibir o declinar el conocimiento del asunto en favor de otro órgano jurisdiccional, y supedita su tramitación en dichas etapas a que el Juez declinado acepte o rechace la competencia que le fue planteada, ello no es obstáculo para desconocer los derechos que les asisten a los imputados, ni obligarlos a permanecer en prisión preventiva hasta en tanto dicho presupuesto procesal sea dirimido, sobre todo cuando éste, dada su naturaleza, impide que aquéllos ejerzan el derecho a la defensa que les asiste. Lo anterior es así, ya que al ser la prisión preventiva (oficiosa o justificada) una medida cautelar de carácter excepcional que asegura la presencia del imputado al proceso, que se rige, entre otros, bajo el principio de provisionalidad, al tener vigencia mientras no cambien los presupuestos en que se fundó su imposición o se dicte la sentencia respectiva, debe ponderarse que, por imperativo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad no puede prolongarla más allá del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y, en ningún caso, superior a dos años, lo que implica que si el procedimiento se suspendió con motivo de un conflicto competencial o algún otro presupuesto procesal que no sólo limita, sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada del imputado, su prolongación no se encuentra justificada; de ahí que el órgano jurisdiccional deba ordenar su cese, y poner de inmediato en libertad al imputado mientras se sigue el proceso; sin que ello obste para imponer, previo debate, otras medidas cautelares que garanticen su presencia durante el proceso penal instruido en su contra, lo cual es coherente con el principio de presunción de inocencia del que todo indiciado debe gozar.

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