Mejores y mas reconocidos abogados Penalistas en Mexicali

El licenciado Terriquez es un abogado penalista que radica en la ciudad de  Mexicali , Baja California, mismo que se ha desempeñado en el ámbito publico como en el ámbito privado, el cual litiga en ciudades cercanas como Tijuana, puedes encontrarlo llamando al (686) 1-38-10-57

Dentro de su trayectoria se ha desempeñado como Agente del Ministerio Publico, así como consultor en la implementacion del sistema acusatorio en diferentes Estados de la república Mexicana.

Desde el 2016 se ha venido desempeñando como abogado litigante privado, en donde siempre ha puesto por delante los intereses del cliente y obteniendo resultados favorables.

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La intervención de la UIF en la comisión de delitos, límites en su actuar

La intervención de la UIF en la comisión de delitos, límites en su actua

Sumario: Introducción, Antecedentes, La inconstitucionalidad del artículo, La utilización de la Unidad de Inteligencia Financiera en la actualidad

Introducción 

Tenemos algunos años escuchando como se ha venido operando la unidad de inteligencia financiera, las órdenes que gira para efectos de bloquear cuentas bancarias, todo ello actuando como una autoridad administrativa-hacendaria, es decir, realizando actividades exclusivas a la autoridad investigadora, es decir al ministerio público federal.

En este breve estudio haremos un análisis sencillo, digerible sobre los alcances legales de la unidad de inteligencia financiera, la constitucionalidad de los actos de investigación y como ha venido trabajando la unidad de inteligencia financiera al dia de hoy

ANTECEDENTES

El artículo 115 de la Ley de instituciones de crédito vino a crear gran incertidumbre en el Estado de derecho, y más aún en la invasión de esfera de competencias, ya que este permite que la uif realizará actos de investigación por conductas que eran consideradas probablemente delictivas, bloqueando cuentas y demás acciones que invaden los derechos fundamentales de los cuentahabientes.

Sin embargo lo que en realidad causaba ruido era precisamente que existía una limitante constitucional para efectos de actuar en ese sentido, ya que el artículo 21 constitucional limita la investigación de delitos al Ministerio Público, y evidentemente la unidad de inteligencia financiera no es un ministerio público, y por ende, no puede investigar sobre conductas delictivas.

Fue hasta que se resolvió el amparo directo en revisión 1214-2016, que fue declarado inconstitucional el referido artículo.

LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO

Análisis de la inconstitucionalidad del Art. 115 del Ordenamiento de Referencia

  • Invasión de las Facultades del Ministerio Público.


La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el citado precepto, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realiza una invasión a las facultades del Ministerio Público establecidas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, al emitir un lista de personas bloqueadas y ordenar a las Instituciones de Crédito la suspensión de forma inmediata de la realización de actos, operaciones o servicios con clientes o usuarios, y de la disposición de los recursos que se contuviera en las cuentas bancarias, que estén incluidos en una lista de personas bloqueadas citada, por la supuesta existencia de alguna conducta relacionada con los delitos de Terrorismo y/o Lavado de Dinero o de Activos.

Lo anterior es así, debido a que el artículo 16 Constitucional, no autoriza de forma alguna a las autoridades administrativas (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar la comisión de delitos, y la adopción de medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación ajenas a sus facultades de comprobación o gestión administrativa, dejando tal facultad exclusiva al Ministerio Público y a las policías que actúan bajo su conducción, por tanto, citadas autoridades administrativas estarán facultadas solo a coadyuvar con el Ministerio Público en la persecución de determinados ilícitos.

A la vez, debe destacarse que el bloqueo de cuentas bancarias previsto en el multicitado 115 de la Ley de Instituciones Financieras, tiene una naturaleza distinta respecto a la figura de aseguramiento de bienes relacionado con el ejercicio de facultades de comprobación y de embargo precautorio en materia fiscal, ya que no tiene una relación directa con la determinación de créditos fiscales, ni con la garantía de los mismos, sino con la prevención o detección en la comisión de ilícitos relacionados con los delitos de Terrorismo y/o Lavado de Activos, que incluso son ajenos a los que se conocen como delitos fiscales.

Asimismo, respecto a la disposición carácter general reglamentaria, en específico del artículo 73°, el cual establece que la única forma de salir de la lista de personas bloqueadas,  sería básicamente el demostrar a la UIF, que no se ha cometido un delito, observándose de nueva cuenta, que la referida autoridad de naturaleza administrativa realiza una invasión a las facultades del Ministerio Público establecidas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, pues el análisis de datos orientado a la detección de delitos o en el descarte de dicha comisión como base para que una persona sea retirada de la lista de personas bloqueadas, es una labor de material de investigación criminal y a la vez de la adopción de aseguramiento de bienes son propias de una investigación y de un juicio penal.

Por tanto al incluir a diversa persona en la lista de personas bloqueadas, con los efectos amplios de suspensión de servicios y congelación de cuentas bancarias que precisa el citado artículo 115 del ordenamiento en estudio, tiene el alcance de una técnica de investigación o medida cautelar, correspondiéndole sólo al Ministerio Público investigar la comisión del delito y al Juez de control decretar la medida cautelar de congelamiento o inmovilización de las cuentas bancarias.

Concluyendo, que acorde con lo previsto por el artículo 21 Constitucional, si las autoridades hacendarias detectan la comisión de un delito, solo estas se encuentran constreñidas a formular de inmediato la denuncia respectiva, y permitir al Ministerio Público correspondiente, que intervenga para realizar la investigación de los delitos citados y en su caso, adopte las medidas de aseguramiento que resulten procedentes.

Derechos fundamentales vulnerados

  • Principio de presunción de inocencia (Art. 20 apartado B, fracción I CPEUM y art. 8°, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).


Al incluirse a diverso individuo en el listado de personas bloqueadas contemplado en el citado artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se observa que la SHCP presume culpable al individuo afectado, sin ni siquiera estar sujeto a una investigación formal emitida por autoridad competente, dejándolo en un completo estado de indefensión.

  • Derecho a la garantía de audiencia y debido proceso. (Art. 14 CPEUM)


Los actos tendientes a incluir a cualquier individuo al listado de personas bloqueadas al ser de naturaleza privativa, causan una afectación de manera definitiva, por tanto se le debe conceder al individuo previa audiencia, misma que no es contemplada por el multicitado artículo 115 del ordenamiento en cuestión, ya que no establece un procedimiento en el que se observe el inicio, la duración o bajo qué condiciones prevalecerá la inmovilización de cuentas que tengan origen de hechos de orden delictivo, limitándose a solo señalarse en la disposición 73° (disposición reglamentaria), que la suspensión dejará de surtir efectos cuando lo determine la SHCP, siendo esto violatorio a la garantía de audiencia y debido proceso.

Concluyéndose que la supuesta garantía de audiencia que se dice se concede con posterioridad a la orden de bloqueo de las cuentas bancarias, implica una diligencia adicional de investigación de un delito, más no un mecanismo de defensa de la persona afectada.

La utilización de la Unidad de Inteligencia Financiera en la actualidad

Ha ocasionado  interés y un poco de incertidumbre la utilización de la unidad de inteligencia financiera como auxiliar del ministerio público, congelando cuentas y demás acciones que muchos consideran inconstitucionales, por lo que haremos una explicación de cómo intervendrá la unidad de inteligencia financiera dentro de un procedimiento penal utilizando un delito en donde es procedente y pertinente utilizar la misma; la defraudación fiscal.

Análisis del tipo penal 

Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

 

 La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.

Inicio del procedimiento penal 

 

 

  • Presentación de la querella :  El primer paso para que inicie una investigación de carácter penal es precisamente que la SHCP presente una querella por los hechos probablemente delictivos.


 

 

  1. A) Fundamento 


Artículo 92.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código. 

Los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos. 

Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

 

  1. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado. 


 

  1. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en lo establecido en los artículos 102, 103 y 115.


 

 III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido.

Esto quiere decir, que legalmente el ministerio público federal no puede iniciar una investigación hasta en tanto no exista

 

  1. B) El investigado-imputado ya debe de tener conocimiento de la querella y tiene el derecho a defenderse


La respuesta es que no, hasta este momento el hecho de que una persona sea señalada de haber cometido un delito no genera el derecho de la persona a defenderse, toda vez que el ministerio público todavía no ha hecho imputaciones en su contra, y por ende, no existe un acto molestia concreto en perjuicio del investigado, solo una querella el cual la autoridad ministerial hasta este momento no tiene la obligación legal de informar sobre la misma al imputado.

Fundamento

Artículo 266. Actos de molestia 

Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación.

Desde el momento en que se realice un acto de molestia en contra del imputado, ya sea una citación, o cualquier acto de investigación que limite la libertad de tránsito del imputado, es que nace el derecho a defenderse.

 

 

  • Investigación desformalizada:  Hasta este punto la investigación no ha sido judicializada, por lo que los actos de investigación que realice la autoridad ministerial son para efectos de verificar si cuenta con elementos para sostener la imputación.


investigaciones fiscales que no requieren control judicial 

 

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: 

 

  1. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; 


 

  1. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; 


 

III. La inspección de personas; 

 

  1. La revisión corporal; 


 

  1. La inspección de vehículos; 


 

  1. El levantamiento e identificación de cadáver; 


 

VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; 

 

VIII. El reconocimiento de personas; 

 

  1. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; 


 

  1. La entrevista de testigos; 


 

XII. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial.

 Todos estos actos de investigación pueden ser realizados por el ministerio público sin necesidad de acudir con el juez de control para efectos de poder realizarlos, toda vez que no generan ningún acto de molestia ni trastocan algún derecho del imputado.

Investigaciones fiscales que sí requieren control judicial 

Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: 

 

  1. La exhumación de cadáveres; 


 

  1. Las órdenes de cateo; 


 

III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; 

 

  1. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; 


 

  1. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, y 


 

  1. Las demás que señalen las leyes aplicables


Bajo este contexto nos percatamos que estos actos de investigación son realizados con control judiciales ya que trastocan derechos fundamentales, es decir los invade, y por ello es que el juez de control debe primeramente aceptar que la investigación que va a ser realizada tiene razón de ser, así mismo que es proporcional en base a lo que se pretende hacer y el derecho que se pretende trastocar.

Ahora bien bajo este análisis, es importante verificar lo siguiente

 

  1. Hasta qué momento puede un imputado por delito de defraudación fiscal tener conocimiento que está siendo investigado


Por lo que será en alguno de estos momentos

 

  1. Cuando sea citado a la fiscalía para efectos de declarar: En este caso será momento para ir acompañado de un abogado para tener conocimiento de las imputaciones que se están realizando investigaciones en su contra por hechos probablemente delictuosos.


 

  1. Cuando le sea cumplimentada una orden de aprehensión: En este caso deberá existir la necesidad de haber emitido una orden de aprehensión, ya sea por que el delito de defraudación fiscal venga acompañado de algún delito considerado grave por la ley, como pudiera ser  delincuencia organizada.


  

 

  1. Cuando le sea solicitado que aporta documentación propia de la empresa: En este caso se realiza un acto de molestia claro, y es por ello que hasta este momento ya puede existir la necesidad de un abogado para efectos de generar la estrategia adecuada de defensa.


 

Nota: En este caso se utiliza regularmente la estrategia de no  contar con imputados para efectos de que no haya una restricción constitucional para efectos de hacerse de la información, toda vez que evidentemente el imputado no está obligado a aportar información que le cause un perjuicio, y la documentación viene incluida dentro de este derecho.

Ahora bien, no tenemos que confundir la facultad que tiene el ministerio público de solicitar información a instituciones bancarias con la facultad de asegurar activos financieros.

La información se solicita enviando directamente a la comisión nacional bancaria y de valores una petición para efectos de que ésta recabe la información enviando la petición a la institución bancaria y esta informe para que le sea enviada al ministerio público dicha información, por lo que esta acción es legal.

La ilegalidad acontece cuando el ministerio público con la información dentro de la carpeta de investigación opta por asegurar activos financieros, ya que esta facultad que antes se encontraba establecida en el artículo 242 del código nacional ya fue declarado inválido.

El procedimiento correcto para efectos de congelar cuentas bancarias sería bajo estas dos figuras procesales.

 

 

  • Providencias precautorias


 

Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima

Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: 

 

  1. El embargo de bienes, y 


 

  1. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. 


El juez dictará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. 

Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. 

Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño.

 La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 139. Duración de las medidas de protección y providencias precautorias La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin efectos.

Explicación: Las providencias precautorias tienen la finalidad de garantizar la reparación del daño a la víctima, en este caso al fisco federal, siempre y cuando existen datos ciertos de que el imputado puede obstaculizar el pago de la reparación del daño.

 

Así mismo las providencias precautorias tienen una duración de 90 días naturales como máximo, tiempo en el cual el ministerio público debe de solicitar audiencia inicial y en su caso solicitar la medida cautelar de prisión preventiva

 

  • MEDIDAS CAUTELARES


 

Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:

 

.

.

 

  1. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero


      

Explicación: Esta es la regla general por la cual se pueden inmovilizar cuentas bancarias dentro del sistema financiero, mediante una medida cautelar, la cual es impuesta mientras el proceso sigue vigente.

     

 

Despues de 2 años en prision preventiva sin ser juzgado, debes salir de la carcel.

 

  1. Puede extenderse la prisión preventiva por un plazo mayor a dos años por motivación distinta a ejercer el derecho de defensa?


Para ello es inconcuso acudir a lo que establece el numeral 20 constitucional en su apartado "B", fracción IX , segundo párrafo, mismo que dice a la letra "La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso sera superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este termino no se ha pronunciado sentencia, el imputado sera puesto en libertad de inmediato mientras se sigue en el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares".

Es bajo las interpretaciones del Poder Judicial Federal y una interpretación extensiva pro persona y de los derechos del procedimiento penal en donde invariablemente se llega a la conclusión de que solamente por ejercicio de defensa se puede prolongar la prisión.

Es bajo las interpretaciones del Poder Judicial Federal y una interpretación extensiva pro persona y de los derechos del procedimiento penal en donde invariablemente se llega a la conclusión de que solamente por ejercicio de defensa se puede prolongar la prisión.

Esto obedece a una lógica que tratare de explicarlo de manera coloquial, si tu eres inocente y te encuentras en prisión, ya estas sufriendo el peor castigo por encontrarte dentro de un proceso penal, por eso mismo es que lo mínimo que pueden hacer las personas que se encargan de hacer justicia es que tu juicio se lleve a cabo lo mas pronto posible, pero tambien se te otorga el derecho para obtener mas tiempo si eso puede beneficiar a que obtengas una sentencia favorable.

Lo explico de esta manera por que los blogs los escribo para la gente que no se dedica a esto, no esta dirigido a abogados para fortalecer sus conocimientos, sino para personas ajenas al derecho que necesitan una explicación sencilla a su problema, que pueda ser interpretado con el simple hecho de saber español

 

PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, CUANDO SU DURACIÓN HA EXCEDIDO EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE ELLO DERIVE DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO DE OTRA CIRCUNSTANCIA, COMO LA SOLUCIÓN DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO EN LA CAUSA.

Si bien es cierto que una de las prerrogativas que salvaguarda el derecho de defensa, consiste en el hecho de ser oído con las debidas garantías por un Juez o tribunal "competente", independiente e imparcial, también lo es que si dentro de la etapa de investigación del sistema penal acusatorio (en su fase formalizada) o bien, intermedia, la autoridad responsable ha determinado inhibir o declinar el conocimiento del asunto en favor de otro órgano jurisdiccional, y supedita su tramitación en dichas etapas a que el Juez declinado acepte o rechace la competencia que le fue planteada, ello no es obstáculo para desconocer los derechos que les asisten a los imputados, ni obligarlos a permanecer en prisión preventiva hasta en tanto dicho presupuesto procesal sea dirimido, sobre todo cuando éste, dada su naturaleza, impide que aquéllos ejerzan el derecho a la defensa que les asiste. Lo anterior es así, ya que al ser la prisión preventiva (oficiosa o justificada) una medida cautelar de carácter excepcional que asegura la presencia del imputado al proceso, que se rige, entre otros, bajo el principio de provisionalidad, al tener vigencia mientras no cambien los presupuestos en que se fundó su imposición o se dicte la sentencia respectiva, debe ponderarse que, por imperativo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad no puede prolongarla más allá del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y, en ningún caso, superior a dos años, lo que implica que si el procedimiento se suspendió con motivo de un conflicto competencial o algún otro presupuesto procesal que no sólo limita, sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada del imputado, su prolongación no se encuentra justificada; de ahí que el órgano jurisdiccional deba ordenar su cese, y poner de inmediato en libertad al imputado mientras se sigue el proceso; sin que ello obste para imponer, previo debate, otras medidas cautelares que garanticen su presencia durante el proceso penal instruido en su contra, lo cual es coherente con el principio de presunción de inocencia del que todo indiciado debe gozar.

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Bigamia: acuerdo y suspensión

Delitos contra el estado civil 

Si has cometido este delito, hay manera de que puedas llegar a un convenio y poder arreglar este proceso,

Artículo 277.- Se impondrán de uno a seis años de prisión y multa de cien a mil pesos, a los que con
el fin de alterar el estado civil incurran en alguna de las infracciones siguientes:
I.- Atribuir un niño recién nacido a mujer que no sea realmente su madre;
II.- Hacer registrar en las oficinas del estado civil un nacimiento no verificado;
III.- A los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro con el propósito de hacerle perder su
estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento, o lo presenten ocultando sus nombres o
suponiendo que los padres son otras personas;
IV.- A los que substituyan a un niño por otro, o cometan ocultación de infante, y
V.- Al que usurpe el estado civil de otro con el fin de adquirir derechos de familia que no le
corresponden.

 
























Delito

 

Bigamia
¿Procede? Requisitos de
procedencia
Momento procesal
en el que se puede
promove
Opinión personal 
Acuerdo
reparatorio
No
Suspensión
condicional del
proceso
Si

  1. Que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de pena de prisión no exceda de 5 años: en este caso la media aritmética es de 1 año 9 meses según lo establecido en el artículo 241 del CPBC.

  2. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido.

  3. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso.




  1. Una vez que se dicte investigación complementaria hasta antes de la apertura a juicio oral, ya que uno de los requisitos de procedencia es que se haya dictado auto de vinculación a proceso.


Puedo llegar a un acuerdo si me imputan el delito de peligro de contagio? (por coronavirus)

PELIGRO DE CONTAGIO DE SALUD

Si el ministerio público te está acusando por el delito de peligro de contagio, existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para evitar la cárcel?

La respuesta es que si, por alguna de estas dos figuras procesales que prevé nuestro procedimiento penal, pero hay que cumplir en cada uno de los casos con algunos supuestos conocerlos a detalle.

Siguenos en nuestra página de youtube en donde podras encontrar videos explicativos sobre todo tipo de problemas penales

https://www.youtube.com/channel/UCF1RLZ7mGp43Z7tZJzB1HLg

 

 
























Delito

 

Peligro de contagio de salud
¿Procede? Requisitos de
procedencia
Momento procesal
en el que se puede
promove
Opinión personal 
Acuerdo
reparatorio
Si (solo en el caso señalado a un costado) Toda vez que es un delito que se persigue por querella únicamente cuando es entre cónyuges o concubinos.

  1. Desde la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público.

  2. Hasta antes de la apertura a Juicio Oral.


 En este caso lo mas natural es que dentro del acuerdo reparatorio se establezca alguna peticion especial por parte de la victima.
Suspensión
condicional del
proceso
Si

  1. Que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de pena de prisión no exceda de 5 años.

  2. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido.

  3. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso.




  1. Una vez que se dicte investigación complementaria hasta antes de la apertura a juicio oral, ya que uno de los requisitos de procedencia es que se haya dictado auto de vinculación a proceso.


 Al ser un delito que también afecta a la salud pública, este acuerdo pudiera consistir en que se paguen los gastos médicos a la víctima para efectos de curarse del virus, y que el acusado se obligue a someterse a un tratamiento médico y las condiciones que establezca el médico para que este último se cure de la enfermedad.